La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) tiene su origen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos.
Estos tratados suscritos en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos inherentes e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que comprometen a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos.
Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de expresión y apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario, que garanticen el respeto y cumplimiento de éste y otros derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, también reconoce en su artículo 19, la libertad de opinión y expresión de todos los individuos.
A pesar de estos importantes convenios en Latinoamérica el proceso de aplicación de esta garantía inició recién a finales de los años 90 (entre 40 y 30 años después de haber sido suscritos).
Es así como a partir de este período, varios países de nuestra región aprobaron leyes para promover la transparencia. Actualmente Argentina, México, Perú, Colombia, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Ecuador, son algunos de los países que cuentan con esta normativa jurídica.
En nuestro país se implementó la norma jurídica correspondiente que protege el derecho a acceder a la información pública, en acato a los tratados internacionales antes mencionados, de los cuales Ecuador es parte.
La LOTAIP, ley ecuatoriana de transparencia, plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
La ley de transparencia ecuatoriana actualmente se encuentra vigente, pero su desconocimiento la ha convertido en una herramienta fútil, de poco uso y de mínimo cumplimiento.
Tal y como lo indica un estudio realizado por la Corporación Latinoamericana de Desarrollo en el año 2004[1], menos del 10% de las instituciones obligadas a cumplir con la LOTAIP lo hacen, el 15% cumplen medianamente con la ley y el 75% no la acata de ningún modo.
A pesar de que el contenido de la ley es amplio refiriéndose a los aspectos fiscalizadores, la misma tiene discordancias, que analizaremos en otro capítulo, lo cual impide que la LOTAIP sea al cien por ciento útil y efectiva.
El Origen de las leyes de Transparencia en los convenios internacionales:
- Convención Interamericana de Derechos Humanos
La Organización de Estados Americanos, en reconocimiento al respeto de los derechos fundamentales del hombre, llevó a cabo en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Esta convención expide una serie de articulados basados en los derechos y garantías universales del hombre. La obligatoriedad de respetar los derechos universales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, fueron las temáticas generales incluidas en el texto final.
En relación a los derechos civiles y políticos, se habla acerca de la libertad de pensamiento y expresión, entendiéndose como tal la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, en todas sus formas y por todos los procedimientos
“Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[2]
Aunque este tratado fue suscrito en 1969, el mismo entró en vigencia el 18 de julio de 1978, dando cumplimiento a su artículo 74.2 que manifiesta la necesidad de adhesión de once Estados, como requisito previo para su validez.
Treinta y cuatro países fueron parte de la Convención[3], veinte y tres ratificaron su inclusión y se comprometieron a aplicar ese tratado, pero tan sólo nueve han instrumentado vías legales para la aplicación efectiva de este derecho fundamental como es el acceso a la información.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Basados en los principios enunciados descritos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas referentes a libertad, paz, justicia, dignidad humana, derechos iguales e inalienables, se suscribe ,en el seno de este organismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Este documento, elaborado el 23 de marzo de 1976, constituye un importante aporte a la consecución del ideal de ser humano libre, en disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria.
La base legal, relacionada con la LOTAIP, se expresa en el artículo 19 de este Pacto, el cual habla de la libertad de pensamiento y expresión, coincidiendo plenamente con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“Artículo 19
- 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
- 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[4]
Ciento cuarenta y seis estados, entre los que cuenta el Ecuador, fueron signatarios de este tratado, pero ocho no reconocieron la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité General de este pacto.
[1] Anexo 3. Cuadro 1. Pág. 110
[2] Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969 (OEA).
[3] Anexo 4. Pág. 111.
[4] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.