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¿Qué es el derecho a la información?

In Derecho a la información on junio 22, 2010 at 4:17 am

El derecho a la información está considerado como un derecho fundamental del ser humano y está respaldado legalmente a nivel superior por documentos y tratados internacionales de derechos humanos universales.

Los estudiosos en el tema definen el derecho a la información de la siguiente manera:

  • [1]“El derecho a la información pudiera definirse como la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan –lato sensu- las relaciones entre Estado, medios y sociedad y en –stricto sensu- los alcances y los límites del ejercicio de la libertad de expresión y de información a  través de cualquier medio”.
  • [2]“El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados oportuna y verazmente por las instituciones públicas.2 En una interpretación moderna de esta garantía universal, el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto otorgar el poder de la información pública a las personas para la toma de decisiones diarias desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de las mismas la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de vida”.

  • [3] “Derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, de acceder a la información gubernamental, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y sin más limitaciones que las expresamente previstas en la Ley”.
  • [4] “En el mundo académico se manejan dos posibilidades de aproximación al tema. La primera, tradicional, considera el Derecho a la Información como una disciplina del derecho dirigida a estudiar las libertades de opinión, de expresión y de información centrados en el polo de la emisión y del mensaje, y que están contenidos en diversos instrumentos de los Derechos Humanos. Una segunda perspectiva de aproximación –complementaria de la primera- y particularmente fructífera en América Latina, recupera el otro polo de la comunicación, el de la recepción, donde la ciudadanía no sólo procesa mensajes sino que también los produce. Esta incorporación redimensiona el Derecho a la Información en otro más abarcativo, el Derecho a la Comunicación, que está todavía buscando estatuto académico y legal”.

[1] Definición de Jaime Almazán tomada de: http://www.itaipem.org.mx/work/resources/LocalContent/379/3/X%20mesa%20Derecho%20info%20jaime%20almazan%20ok.doc.

[2] Definición de Issa Luna Pla, tomada de: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/3/art/art3.htm

[3] Definición tomada de:  http://www.contraloriachiapas.gob.mx/transparencia/inicio/definicion_acceso.php

[4] Definición tomada de: http://campus.clacso.edu.ar/html/cursos/571.html

Antecedentes históricos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

In Ecuador, LOTAIP on junio 22, 2010 at 4:13 am

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)  tiene su origen en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Y Políticos.

Estos tratados suscritos en 1969 y 1976, respectivamente, se refieren a los derechos inherentes e inalienables que tienen los seres humanos, catalogados como garantías, que comprometen a los estados parte a cumplir con lo suscrito en ellos.

Bajo estas premisas, ambos tratados contemplan el derecho a la libertad de expresión y apelan a la creación de normativas legales, en cada país signatario, que garanticen el respeto y cumplimiento de éste y otros derechos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, también reconoce en su artículo 19, la libertad de opinión y expresión de todos los individuos.

A pesar de estos importantes convenios en Latinoamérica el proceso de aplicación de esta garantía inició recién a finales de los años 90 (entre 40 y 30 años después de haber sido suscritos).

Es así como a partir de este período, varios países de nuestra región aprobaron leyes para promover la transparencia. Actualmente Argentina, México, Perú, Colombia, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Ecuador, son algunos de los países que cuentan con esta normativa jurídica.

En nuestro país se implementó la norma jurídica correspondiente que protege el derecho a acceder a la información pública, en acato a los tratados internacionales antes mencionados,  de los cuales Ecuador es parte.

La LOTAIP, ley ecuatoriana de transparencia, plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a estas instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.

La ley de transparencia ecuatoriana actualmente se encuentra vigente, pero su desconocimiento la ha convertido en una herramienta fútil, de poco uso y de mínimo cumplimiento.

Tal y como lo indica un estudio realizado por la Corporación Latinoamericana de Desarrollo en el año 2004[1], menos del 10% de las instituciones obligadas a cumplir con la LOTAIP lo hacen, el 15% cumplen medianamente con la ley y el 75% no la acata de ningún modo.

A pesar de que el contenido de la ley es amplio refiriéndose a los aspectos fiscalizadores, la misma tiene discordancias, que analizaremos en otro capítulo, lo cual impide que la LOTAIP sea al cien por ciento útil y efectiva.

El Origen de las leyes de Transparencia en los convenios internacionales:

  • Convención Interamericana de Derechos Humanos

La Organización de Estados Americanos, en reconocimiento al respeto de los derechos fundamentales del hombre, llevó a cabo en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Esta convención expide una serie de articulados basados en los derechos y garantías universales del hombre. La obligatoriedad de respetar los derechos universales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, fueron las temáticas generales incluidas en el texto final.

En relación a los derechos civiles y políticos, se habla acerca de la libertad de pensamiento y expresión, entendiéndose como tal la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, en todas sus formas y por todos los procedimientos

Art. 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

  1. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[2]

Aunque este tratado fue suscrito en 1969, el mismo entró en vigencia el 18 de julio de 1978, dando cumplimiento a su artículo 74.2 que manifiesta la necesidad de adhesión de once Estados, como requisito previo para su validez.

Treinta y cuatro países fueron parte de la Convención[3], veinte y tres ratificaron su inclusión y se comprometieron a aplicar ese tratado,  pero tan sólo nueve han instrumentado vías legales para la aplicación efectiva de este derecho fundamental como es el acceso a la información.

  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Basados en los principios enunciados descritos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas referentes a libertad, paz, justicia, dignidad humana, derechos iguales e inalienables, se suscribe ,en el seno de este organismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Este documento, elaborado el 23 de marzo de 1976, constituye un importante aporte a la consecución del ideal de ser humano libre, en disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria.

La base legal, relacionada con la LOTAIP, se expresa en  el artículo 19 de este Pacto, el cual habla de la libertad de pensamiento y expresión, coincidiendo plenamente con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“Artículo 19

  1. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

  1. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.[4]

Ciento cuarenta y seis estados, entre los que cuenta el Ecuador, fueron signatarios de este tratado, pero ocho no reconocieron la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte del Comité General de este pacto.


[1] Anexo 3. Cuadro 1. Pág. 110

[2] Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969 (OEA).

[3] Anexo 4. Pág. 111.

[4] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho a la información

In Derecho a la información, Ecuador on junio 22, 2010 at 12:12 am

El derecho a la información se ha convertido en un tema relevante, que ha despertado el interés tanto a nivel nacional como internacional.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la libertad de expresión, facultad de informar y estar informado, dio origen al derecho a la información, que en años posteriores se vería implementado, como derecho fundamental, a la luz de otros tratados internacionales.

En la constitución del Ecuador de 1998, el derecho a la información se resumía en un sólo artículo (Art. 81), mientras que en la constitución vigente establecida en el 2008, se le ha dado un espacio más amplio al tema de la ´Comunicación e Información´ y en su contenido se expone con mayor rigor el derecho a la información para garantizar la aplicación de la Ley de Transparencia del país.

Sin embargo, a pesar de la legislación existente, es difícil asegurar, sin un control efectivo, que las leyes garanticen la transparencia, sin que exista manipulación de información en los organismos gubernamentales.

En Ecuador, actualmente, el derecho a la Información se encuentra protegido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya normativa exige el libre acceso a la información pública en plazos establecidos, así también impone  sanciones a las entidades estatales que no cumplan con la ley a cabalidad.

Es de gran trascendencia reconocer el significado social que tiene el derecho a la información para así poder hablar de una mejor calidad de vida y un verdadero goce de los derechos humanos.

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